Accidente mortal en minería: qué hacer en los primeros días
Compañía Minera Antamina informó el 27 de octubre de 2026 el fallecimiento de un trabajador del área de Operaciones en sus instalaciones de Yanacancha, en la provincia de Huari, Áncash. Según recogió Gestión, la empresa señaló que realizó una parada preventiva de seguridad, inició las investigaciones correspondientes, se comunicó con la familia para brindarle apoyo y coordina con las autoridades competentes. A la fecha de publicación de la nota, no se habían precisado la duración ni el alcance de la paralización, ni las causas del suceso.
Más allá del caso, que se encuentra en investigación, un accidente mortal en una operación minera activa un conjunto de obligaciones, plazos y decisiones que se concentran en pocos días. Para los directorios, gerencias legales y responsables de riesgos, la forma en que se gestionan esos primeros días incide en la relación con las autoridades, en la atención a la familia y en la posición de la empresa frente a sus aseguradoras.
«Tras un accidente fatal, la prioridad es la familia y la investigación; la calidad con que se documentan esos días define buena parte de lo que vendrá después.«
Dos plazos que corren desde el primer día
El marco sectorial establece plazos breves. Conforme al procedimiento para el reporte de emergencias en las actividades mineras de Osinergmin, modificado por la Resolución de Consejo Directivo N.° 015-2025-OS/CD, el titular minero debe enviar el aviso de un accidente mortal dentro de las 24 horas de ocurrido y presentar el informe de investigación dentro de los diez días calendario, en concordancia con el Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería, aprobado por el D.S. N.° 024-2016-EM. El cuadro de tipificación de infracciones en seguridad minera de Osinergmin sanciona con una multa de 15 UIT la falta de presentación del aviso de accidente mortal y, de manera independiente, la del informe de investigación.
El informe de investigación no es un trámite formal. Su contenido, las causas identificadas y las medidas correctivas propuestas serán revisados por las autoridades y pueden ser utilizados en los procedimientos que se inicien. Por ello, su elaboración exige rigor técnico, coherencia con la evidencia disponible y una revisión jurídica previa a su presentación.
Más de una autoridad, con competencias distintas
En las operaciones mineras concurren varias entidades. La Ley N.° 29901 precisó que Osinergmin mantiene la competencia para fiscalizar la seguridad de la infraestructura en el subsector minería, mientras que la supervisión, fiscalización y sanción en materia de seguridad y salud en el trabajo corresponde al ámbito del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, función que hoy ejerce la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil). A ello se suma la intervención del Ministerio Público cuando corresponde investigar los hechos.
La experiencia reciente ilustra esa concurrencia. En abril de 2025, ante un accidente mortal en la misma unidad, Osinergmin desplazó un equipo técnico para supervisar el cumplimiento del reglamento de seguridad minera y la Sunafil informó que dispondría órdenes de inspección. Para la empresa, esto implica atender requerimientos paralelos, con plazos y criterios propios, y mantener una versión única, consistente y documentada de los hechos ante todas las entidades.
La paralización y su efecto en los ingresos
Una parada preventiva de seguridad es una decisión responsable que permite investigar, revisar controles y reforzar la prevención antes de reanudar las labores. Desde el punto de vista financiero, también puede generar pérdida de producción y costos fijos que siguen corriendo. Es importante distinguir esa pérdida de la que cubre el seguro de lucro cesante: como regla general, esa cobertura se activa cuando la interrupción es consecuencia de un daño material indemnizable bajo la póliza, por lo que una paralización voluntaria o una medida dispuesta por una autoridad sin daño físico a los bienes no suele estar comprendida, salvo que las condiciones particulares establezcan expresamente otra cosa.
Conocer de antemano esa limitación permite que la gerencia financiera trate la eventual paralización posterior a un accidente como un riesgo retenido, con previsiones en la planificación de producción y en los compromisos con clientes y financistas, en lugar de descubrir la ausencia de cobertura cuando la operación ya está detenida.
Las coberturas de personas requieren una gestión ordenada
La muerte de un trabajador activa las coberturas obligatorias de personas, como el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) y el seguro de Vida Ley, cuyas prestaciones corresponden a los beneficiarios conforme a la normativa y a las pólizas contratadas. Para la familia, la rapidez con que se reúne la documentación y se comunica el siniestro a las aseguradoras tiene un impacto directo. Para la empresa, una declaración oportuna y correcta de los trabajadores asegurados es la condición previa para que esas coberturas respondan sin observaciones.
Cuando la persona fallecida pertenece a una empresa contratista, la coordinación se amplía: el titular minero debe verificar con el contratista la vigencia de sus pólizas y facilitar la información necesaria, sin perder de vista que la atención a la familia no debe depender de cuál de las empresas involucradas gestione el trámite.
La responsabilidad civil, una exposición distinta del seguro obligatorio
Las prestaciones del SCTR y del Vida Ley no agotan necesariamente la exposición del empleador. El artículo 53 de la Ley N.° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, establece que el incumplimiento del deber de prevención genera la obligación de pagar indemnizaciones a las víctimas o a sus derechohabientes. Esas reclamaciones, que se determinan según las pruebas y la evaluación de la autoridad competente, son independientes de las prestaciones de los seguros obligatorios.
Frente a esa exposición, la póliza de responsabilidad civil patronal, cuando forma parte del programa, puede responder por las indemnizaciones que el empleador deba pagar, dentro de los límites, deducibles y exclusiones pactadas. Revisar si el programa la incluye, con qué límites y bajo qué condiciones de aviso, es una tarea que conviene realizar antes de un siniestro y no después. Las decisiones que la alta dirección adopte durante la contingencia también pueden ser objeto de cuestionamiento, un aspecto vinculado con la protección legal de directores y gerentes.
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Documentar desde el inicio
En todos estos frentes, la evidencia de los primeros días es determinante: registros de capacitación y de entrega de equipos de protección, procedimientos de trabajo vigentes, análisis de riesgos de la tarea, comunicaciones internas y medidas adoptadas después del evento. Conservar esa información de forma ordenada, sin alterarla, permite responder con consistencia a las autoridades, sustentar los reclamos ante las aseguradoras y, sobre todo, identificar con objetividad las lecciones que eviten un nuevo accidente.
Reflexión
Un accidente mortal es, ante todo, una pérdida humana irreparable y un llamado a revisar la prevención. Para la empresa, también inaugura un periodo breve en el que coinciden plazos regulatorios, investigaciones de distintas autoridades, la atención a la familia y decisiones sobre la continuidad de la operación. Las organizaciones que tienen definidos de antemano sus protocolos de reporte, la coordinación con sus aseguradoras y el alcance real de sus coberturas pueden concentrar sus esfuerzos donde más importan: en las personas y en evitar que un hecho así se repita.
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